Nueva York. 3/05/2010.  La libertad de expresión es un derecho humano fundamental, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, en diversas partes del mundo los gobiernos y los que ejercen el poder encuentran maneras de obstaculizarla.

Se gravan los periódicos con impuestos tan altos que estos resultan demasiado caros para la población. Se retira el derecho a transmitir a las estaciones de radio y televisión independientes que critican la política oficial. La censura interviene también en el ciberespacio y restringe el uso de Internet y de los nuevos medios de difusión.

Hay periodistas dispuestos a exponerse a la intimidación y la detención, e incluso a arriesgar la vida, simplemente para ejercer su derecho a indagar, recibir e impartir información e ideas, por todos los medios y con prescindencia de las fronteras.

El año pasado la UNESCO condenó el asesinato de 77 periodistas. No se trataba de corresponsales de guerra de gran relevancia muertos en el fragor de la batalla. La mayoría de ellos trabajaban para pequeñas publicaciones locales y en tiempo de paz. Perdieron la vida por tratar de desvelar un proceder indebido o la corrupción.

Condeno esos asesinatos e insisto en que los responsables sean llevados a la justicia. Todos los gobiernos tienen el deber de proteger a los que trabajan en los medios de difusión. Esa protección debe incluir la investigación de los delitos contra los periodistas y el enjuiciamiento de los responsables.

La impunidad da rienda suelta a los criminales y los asesinos, y empodera a los que tienen algo que ocultar. A largo plazo, tiene un efecto corrosivo y corruptor en la sociedad entera.

Este año el tema de la celebración es Libertad de información: el derecho a saber. Celebro la tendencia mundial hacia la promulgación de nuevas leyes que reconocen el derecho universal a la información de dominio público.

Lamentablemente, esas nuevas leyes no siempre se expresan en la acción. A menudo las solicitudes de información oficial se rechazan o retrasan, a veces durante años. Puede ser que esto se deba a mala gestión de la información, pero con demasiada frecuencia ocurre porque existe una cultura de secreto, en que no se rinde cuenta de los actos.

Debemos empeñarnos en modificar las actitudes y crear conciencia. La gente tiene derecho a la información que afecta a su vida y los Estados tienen el deber de proporcionarla. Esa transparencia es indispensable para el buen gobierno.

Las Naciones Unidas se solidarizan con los periodistas y los profesionales de los medios de difusión que sufren persecución dondequiera que sea. Hoy, como todos los días, exhorto a los gobiernos, a la sociedad civil y a los pueblos del mundo a reconocer la importante labor de los medios de difusión y a defender la libertad de información.